El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, al que habrían dado protección política y operativa para traficar drogas hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York, Rocha Moya y los demás señalados habrían pactado con líderes de la organización criminal el envío de grandes cantidades de narcóticos a cambio de sobornos, respaldo político y protección institucional.
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El DOJ sostuvo que los acusados son funcionarios actuales o anteriores de alto nivel en el gobierno y corporaciones de seguridad de Sinaloa, y que presuntamente colaboraron con el Cártel de Sinaloa para distribuir drogas en Estados Unidos.
La acusación señala que Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, habrían intervenido para favorecer la elección de Rocha Moya mediante el secuestro e intimidación de adversarios políticos. Ya como gobernador, desde el 1 de noviembre de 2021, Rocha presuntamente sostuvo reuniones con integrantes de esa facción y ofreció protección para sus operaciones de narcotráfico.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole. El expediente quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Además de Rocha Moya, fueron imputados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador y exsecretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez; y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega.
También aparece Dámaso Castro Zaávedra, actual subprocurador de la Fiscalía estatal de Sinaloa, señalado de recibir alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel para proteger a sus integrantes y filtrar información sobre operativos respaldados por Estados Unidos.
Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, enfrenta además cargos por el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de ésta, hechos ocurridos en octubre de 2023. Según la acusación, ambas víctimas fueron torturadas y asesinadas bajo sospecha de colaborar con la investigación.
Completan la lista Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefes de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; y José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.
Salvo Valenzuela Millán, los acusados enfrentan penas que van de 40 años de prisión a cadena perpetua. Las autoridades estadounidenses presumen que los diez se encuentran actualmente en México.
