APUNTES DE REPORTERO
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*La bravuconada de Barrera Toledo
*El «jefe» de Movilidad y Transporte debe irse
David Monroy
Si bien es cierto que, de acuerdo con la nueva Ley de Movilidad y Transporte, la Coordinación Estatal del ramo cuenta con una autoridad —“casi” absoluta— para sancionar e incluso retirar concesiones del transporte colectivo, también es verdad que no se trata de un acto unilateral ni automático. En cualquier escenario, una decisión de esa naturaleza tiene un impacto político innegable que, tarde o temprano, termina por escalar hasta la más alta autoridad del estado de Morelos.
El comentario viene a cuenta luego de la bravuconada del todavía coordinador estatal de Movilidad y Transporte, Jorge Barrera Toledo, quien amenazó a los transportistas —en particular a taxistas— con retirarles sus permisos si se manifiestan este jueves, una postura que no solo exhibe una estupidez política mayúscula, sino que además configura una abierta violación constitucional.
Fiel a su estilo torpe y pendenciero, Barrera Toledo reaccionó con amenazas ante la inconformidad del gremio, dejando al descubierto su absoluta pobreza política y administrativa, la misma con la que ha conducido una dependencia que, en muchos casos, representa una de las principales joyas de desagravio social que la gobernadora Margarita González Saravia pretende heredar a los morelenses.
El problema no es únicamente la amenaza lanzada al aire ni el desconocimiento deliberado del marco constitucional. El verdadero riesgo radica en que un funcionario menor, sin oficio ni tacto político, esté comprometiendo la imagen de la gobernadora al asumir una postura de confrontación que ella no ha expresado ni respaldado. En política, las bravuconadas no se leen como ocurrencias personales: se interpretan como línea de gobierno, y es ahí donde Barrera Toledo se convierte en un lastre.
Y lo es más —para desgracia del funcionarete— cuando la mandataria mantiene comunicación directa y canales abiertos con diversos liderazgos del transporte, conoce el terreno y entiende que la interlocución se construye con acuerdos, no con amenazas. La permanencia de Barrera Toledo no solo estorba esa relación: la contamina.
Barrera cometió, además, un pecado político elemental: confrontarse mediante amenazas con un gremio históricamente organizado y proclive a la protesta, justo en los días en que la gobernadora prepara y presentará su primer informe de gobierno. Una torpeza mayor si se considera que la cancelación de concesiones no solo tiene implicaciones legales, sino que requiere, incluso, el visto bueno de la propia titular del Ejecutivo.
Luego entonces, sostener a Jorge Barrera Toledo en la Coordinación de Movilidad y Transporte no resulta indefendible solo por su ignorancia jurídica o su torpeza política, sino francamente inconveniente para el propio gobierno estatal. Un funcionario que confunde autoridad con intimidación y diálogo con amenaza no puede seguir operando en un área sensible sin poner en riesgo la gobernabilidad, la interlocución institucional y la narrativa de orden que se busca construir. Aquí no hay margen para el orgullo ni para la terquedad: cuando un subordinado se convierte en el problema, la decisión responsable es retirarlo antes de que el daño sea mayor
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