CUERNAVACA, MOR.- El asesinato del activista comunitario Samir Flores Soberanes en 2019, que permanece sin solución ni justicia en Morelos, persigue al exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y fue el sustento de las agresiones verbales que presuntos activistas antimundialistas lanzaron en su contra este domingo en la Ciudad de México, donde lo señalaron como «asesino» y le exigieron justicia por uno de los casos más emblemáticos de impunidad en la entidad.
Si bien el crimen de Samir Flores ocurrió durante los primeros meses de los gobiernos de Cuauhtémoc Blanco en Morelos y de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República, la exigencia social que aún recae sobre el exfutbolista tiene un carácter eminentemente político y no jurídico. El homicidio continúa sin esclarecerse plenamente y, aunque la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada entonces por Uriel Carmona Gándara —abierto adversario político del mandatario estatal—, el caso nunca logró desahogarse ni llegar a los autores intelectuales del crimen.
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El asesinato de Samir Flores ocurrió la madrugada del 20 de febrero de 2019, frente a su domicilio en la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, apenas unas horas después de participar en un foro donde cuestionó públicamente la operación de la termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral Morelos (PIM), una obra estratégica del gobierno federal integrada también por un gasoducto y un acueducto, cuya puesta en marcha dividía a comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
El homicidio se registró, además, dos días antes de la consulta ciudadana promovida por López Obrador para definir el futuro del proyecto.
En ese momento, el gobierno federal impulsaba la entrada en operación de la termoeléctrica y uno de sus principales operadores políticos en Morelos era el entonces delegado federal de Programas para el Desarrollo, Eric Flores Cervantes, considerado como impulsor y uno de los aliados más cercanos de Cuauhtémoc Blanco.
La coincidencia entre el asesinato del activista y la consulta sobre el Proyecto Integral Morelos (PIM) convirtió el caso en un símbolo de la resistencia social contra la obra y alimentó, desde entonces, sospechas y cuestionamientos que nunca pudieron ser acreditados judicialmente.
La investigación quedó en manos de la FGE, encabezada por Uriel Carmona Gándara. La carpeta derivó en la detención de Javier «N», presentado como presunto autor material; sin embargo, tras permanecer casi cuatro años en prisión preventiva, un juez federal lo absolvió al considerar que la acusación no acreditó su responsabilidad. La resolución evidenció las deficiencias en la integración de la carpeta de investigación elaborada durante la gestión de Carmona, cuyas inconsistencias terminaron por impedir una sentencia condenatoria.
Esa resolución reforzó las críticas de la familia de Samir, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FDPDT) y de organizaciones civiles, que desde el inicio acusaron una investigación deficiente y sostuvieron que la FGE construyó una indagatoria incapaz de conducir a los responsables materiales e intelectuales del homicidio.
Tras el fallo judicial, los representantes del movimiento afirmaron que la carpeta contenía testimonios inconsistentes e incluso denunciaron posibles irregularidades como fabricación de pruebas, ocultamiento de líneas de investigación y desaparición o muerte de testigos, señalamientos que no han sido acreditados judicialmente pero que explican la desconfianza que aún rodea la actuación de la entonces Fiscalía estatal.
Paradójicamente, el propio Cuauhtémoc Blanco sostuvo durante su administración que Uriel Carmona conocía quiénes habían asesinado a Samir Flores, pero no actuaba, y es que el propio Carmona declaró públicamente que no sólo había avances, sino que ya había elementos concretos.
La confrontación entre ambos marcó buena parte del sexenio estatal; sin embargo, el distanciamiento político entre el gobernador y el fiscal nunca se tradujo en un avance sustancial para el esclarecimiento del caso.
Siete años después, el homicidio de Samir Flores permanece impune y se ha convertido en un referente obligado de los movimientos sociales que se oponen al PIM.
Por ello, las consignas lanzadas este domingo contra Cuauhtémoc Blanco no derivan de una imputación penal en su contra por ese crimen, sino de la responsabilidad política que diversos colectivos le atribuyen por haber encabezado el gobierno estatal durante un caso que, hasta hoy, sigue sin verdad judicial ni justicia para la familia del activista.
