Autoridades estatales pusieron en marcha una campaña informativa en los centros penitenciarios de Morelos para advertir a familiares y personas visitantes que el ingreso ilegal de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos a los centros de reclusión constituye un delito grave que se castiga con prisión.
La estrategia es impulsada por personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, como parte del seguimiento a la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, con el objetivo de reducir la comisión de este delito desde el interior de los centros de reclusión.
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La campaña está dirigida a quienes acuden a visitar a Personas Privadas de la Libertad en los cinco Centros de Reinserción Social (CRS) del estado, así como en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA). A través de lonas colocadas en el exterior de los inmuebles, se informa que introducir de manera ilegal teléfonos celulares u otros dispositivos capaces de transmitir datos, voz, imágenes o geolocalización está penado por la ley.
Las autoridades recordaron que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión entró en vigor el 28 de noviembre de 2025 y que en su artículo 23 establece penas de seis a doce años de prisión, además de multas económicas, para quien sin autorización intente ingresar este tipo de equipos a centros penitenciarios o de internamiento para adolescentes.
De acuerdo con el marco legal, la sanción aplica sin importar el tipo de tecnología del dispositivo, ya sea telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, sistemas satelitales, internet o tecnologías análogas, al considerarse herramientas que pueden facilitar la comisión de extorsiones y otros delitos desde el interior de los penales.
La SSPC Morelos señaló que estas acciones forman parte del trabajo permanente de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, que mantiene alineadas sus estrategias con las directrices del Gabinete Nacional de Seguridad para combatir la extorsión en todo el país.
Como antecedente, se recordó que el pasado 27 de diciembre, durante una visita familiar en el Centro de Reinserción Social Varonil “Morelos”, ubicado en Atlacholoaya, custodios detectaron a una mujer de 62 años, identificada como María Elena “N”, quien ocultaba dos teléfonos celulares entre sus pertenencias. Tras el hallazgo, fue puesta a disposición de la autoridad judicial, vinculada a proceso y se le impuso prisión preventiva, además de fijarse un mes para el cierre de la investigación complementaria.
El Gobierno estatal reiteró que continuará impulsando medidas preventivas en los centros penitenciarios para fortalecer la seguridad, inhibir delitos como la extorsión y contribuir a la tranquilidad y paz social en Morelos.
