CIUDAD DE MÉXICO./ La Fiscalía General de la República (FGR) prepara un operativo judicial contra una amplia red de contrabando de combustibles que operaba a través de documentos aduanales falsos y que permitió la entrada de millones de litros de gasolina y diésel al país sin pagar impuestos.
De acuerdo con fuentes federales, se han solicitado más de 200 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios, empresarios y agentes aduanales presuntamente implicados en esta trama.
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El caso ha sido considerado como uno de los golpes más importantes contra el llamado huachicol fiscal, que combina contrabando, evasión tributaria y presunta complicidad de autoridades.
Entre los señalados aparece el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, vinculado a la empresa Ingemar S.A. de C.V., relacionada con el decomiso de 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila, ocurrido en julio pasado.
La indagatoria ubica a esta compañía como parte de la red que simulaba importaciones legales para introducir combustible al mercado nacional.
Ruffo Appel, primer gobernador panista de México, ha rechazado públicamente los señalamientos y sostiene que su empresa cuenta con permisos en regla. Sin embargo, versiones extraoficiales señalan que un juez federal ya habría librado orden de captura en su contra, lo que lo coloca en el centro de la investigación.
Las pesquisas forman parte de una estrategia del gobierno federal para frenar un negocio ilícito que, además de causar pérdidas millonarias al erario, fortalece a organizaciones delictivas en distintas regiones del
