Ciudad de México.– Tras más de dos décadas como abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y figura clave en la representación legal de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra anunció su renuncia al cargo para incorporarse al equipo del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar.
Fin de una etapa en Tlachinollan
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En una carta fechada el 19 de agosto en Tlapa, Guerrero, Rosales comunicó a organizaciones sociales y de derechos humanos que se retira “de la primera línea de la lucha social”, aunque continuará desde “otras trincheras” en la defensa de los pueblos indígenas y afromexicanos. Agradeció al antropólogo Abel Barrera, director de Tlachinollan, por haberlo integrado a la organización, y recordó su compromiso con causas como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP).
Un abogado marcado por amenazas
Rosales, originario de la Montaña de Guerrero, ha sido objeto de amenazas y hostigamiento a lo largo de su trayectoria. Recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su defensa de mujeres indígenas agredidas por militares en 2002. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue víctima de espionaje y filtraciones en torno a sus conversaciones privadas cuando representaba a los padres y madres de los normalistas desaparecidos.
En años recientes enfrentó problemas de salud que lo llevaron a solicitar apoyo económico para costear tratamientos médicos. Su última aparición pública como representante de los familiares de los 43 ocurrió el 3 de agosto pasado, en una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Su llegada a la SCJN
El ahora exabogado de Tlachinollan participó recientemente en reuniones con quienes integrarán la nueva Suprema Corte. Aunque no precisó su futuro cargo, se incorporará al equipo de Hugo Aguilar, ministro electo como próximo presidente del máximo tribunal. Aguilar ha sido señalado por comunidades indígenas por su participación en consultas vinculadas a megaproyectos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Con este cambio, Rosales deja atrás 23 años de defensa legal en causas emblemáticas, entre ellas el caso Ayotzinapa, para iniciar una nueva etapa en el Poder Judicial, en medio de cuestionamientos por la renovación de la Corte y el rumbo que tomará la justicia en México.
