El Gabinete de Seguridad informó que 26 personas privadas de la libertad en distintos centros penitenciarios del país fueron trasladadas a Estados Unidos, donde son requeridas por presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos.
Las autoridades precisaron que el Departamento de Justicia estadounidense se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los procesados.
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De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), todos los extraditados contaban con orden judicial para su entrega y representaban un riesgo permanente para la seguridad pública.
Traslado bajo protocolos y respeto a derechos
Las dependencias indicaron que la custodia, el traslado y la entrega formal de los reos se realizaron siguiendo los protocolos institucionales, garantizando el respeto a sus derechos fundamentales y al debido proceso, en apego a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
Explicaron que la acción forma parte de las tareas de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, dentro del marco del respeto a la soberanía de México y Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad anunció que mañana, 13 de agosto, ofrecerá una conferencia de prensa para dar más detalles.
Antecedente: entrega de 29 narcotraficantes en febrero
El pasado 27 de febrero de 2025, México extraditó a 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, entre ellos líderes de alto perfil como Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y señalado por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.
En ese grupo también fueron entregados integrantes del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y el Cártel del Golfo. La entrega se concretó en distintos puntos de la frontera entre ambos países.
En aquella ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la legalidad de la acción. En su conferencia matutina, explicó que la decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, organismo que —aclaró— no siempre encabeza directamente.
“Fue legal, eso es para el pueblo de México, fue legal, fue por un tema de seguridad nacional, y hay un consejo que por razones también de seguridad toma decisiones para proteger la seguridad nacional del país, no necesariamente todo se consulta a la Presidenta”, subrayó.
