CIUDAD DE MÉXICO (LPO).- La gran batalla por la reforma al Poder Judicial propuesta por la 4T se acerca, y de acuerdo con fuentes al interior de la Suprema Corte de Justicia, el Día D será cuando en San Lázaro se apruebe el dictamen de la propuesta en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Según esta versión, con el fin de dar una muestra de poder la ministra Norma Piña estaría preparando un emplazamiento a huelga entre los trabajadores de base del Poder Judicial. De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia, realizado por el Inegi en el 2023, el dato más reciente es que hay 53,160 trabajadores del PJF.
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De este total de poco más de 53 mil, sólo el 7% corresponde a la Suprema Corte de Justicia; el 3.4% al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que el restante 89.6% está adscrito al Consejo de la Judicatura Federal, que en la Reforma Judicial de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se contempla su desaparición.
A la huelga masiva convocada por la ministra Piña ya se sumaron juzgadores federales, agrupados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, conocida popularmente como la Jufed, cuya dirección está a cargo del magistrado Daniel Sánchez Montalvo y de la jueza Juana Fuentes Velázquez.
«La Jufed en su legítima representación acepta participar en ese proceso de diálogo, con la confianza de que nuestras propuestas serán escuchadas y valoradas. Somos testigos de que la carrera judicial es el principal mecanismo que garantiza a los ciudadanos el contar con juzgadores profesionales e imparciales», anunciaron los juzgadores cuando se unieron a los diálogos públicos organizados por los legisladores morenistas que promueven la reforma.
Pese a que el sindicato de juzgadores es amplio y con una larga presencia en el Poder Judicial, solo agrupa a 1,600 jueces y magistrados activos y en retiro, además de abogados de todas las disciplinas construyendo una carrera judicial. Lo relevante es que se trata de una organización netamente judicial, sin conexiones visibles con partidos políticos ni colores de agrupaciones opositoras al obradorismo como la Marea Rosa o el Frente Cívico Nacional.
Por su parte, el diputado Nacho Mier declaró a medios de comunicación que el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados buscará que la reforma «sea construida con el más amplio consenso», ampliando el Parlamento Abierto «para confeccionar en la Comisión de Puntos Constitucionales un proyecto de dictamen conforme al reglamento».
Esta redacción consultó con Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia y se descartó cualquier involucramiento de la ministra Norma Piña con el emplazamiento a huelga, y se aclaró que la togada respeta los derechos laborales de los trabajadores, entre ellos, el derecho a asociarse, a tener un sindicato y a demandar el respeto a esos mismos derechos.
