Un sector de Morena promueve aplazar hasta 2028 la segunda etapa de la elección judicial prevista para 2027, con el argumento de evitar que coincida con la renovación de cargos federales y locales, así como con la eventual consulta de revocación de mandato.
De acuerdo con el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE), en 2027 se renovarán 17 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados y la mayoría de alcaldías y regidurías del país. A ello se sumaría la elección intermedia del sexenio y la posibilidad de empatar las legislativas con el ejercicio de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Además, ese mismo año está programada la segunda fase de la elección judicial, posterior al proceso previsto para 2025. Esto implicaría la concurrencia de comicios legislativos, consulta de revocación y votación de jueces y magistrados en una sola jornada.
En este contexto, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar dio a conocer una iniciativa para que la siguiente elección judicial se realice hasta el primer domingo de junio de 2028. El legislador sostuvo que este mecanismo debe desarrollarse de forma independiente a las votaciones para cargos de representación popular.
Según explicó, la modificación podría incluirse en la reforma electoral que será presentada en los próximos días ante el Congreso de la Unión. Argumentó que separar los procesos disminuiría el riesgo de vincular candidaturas judiciales con partidos políticos y permitiría fortalecer criterios de idoneidad en los perfiles.
Ramírez Cuéllar señaló que la elección de personas juzgadoras constituye un cambio relevante en el sistema democrático, pero subrayó la necesidad de garantizar que los aspirantes cumplan con parámetros técnicos y profesionales.
Fuentes legislativas consultadas indicaron que dentro de Morena existe discusión sobre el alcance de la reforma, particularmente respecto al papel que tendrían los gobernadores en la definición de candidaturas judiciales. La propuesta también contempla revisar la permanencia de los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión, luego de que se identificaran diferencias en los criterios aplicados para integrar las listas.
El planteamiento ocurre en un escenario de reorganización interna dentro del partido gobernante, donde diversos grupos buscan influir en el diseño de la reforma electoral y en la configuración del próximo proceso comicial federal.
