CIUDAD DE MEXICO.- La Fiscalía de Michoacán confirmó que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ofrecieron un pago de dos millones de pesos para ejecutar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un evento público el 1 de noviembre de 2025. La investigación detalla un esquema de reclutamiento de jóvenes vulnerables, así como la estructura criminal que coordinó el homicidio.
De acuerdo con la carpeta del caso, el grupo delictivo reclutó adolescentes de entre 16 y 17 años en centros de rehabilitación para adicciones ubicados en la zona de Uruapan. Uno de estos jóvenes, de 17 años, fue abatido por los escoltas del alcalde después de dispararle en siete ocasiones.
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La Fiscalía identificó como reclutador a Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, señalado por captar a jóvenes en estos centros de rehabilitación para integrarlos como sicarios o distribuidores de droga al servicio del CJNG. Los implicados habrían participado tanto en la logística como en la ejecución del ataque, respondiendo a instrucciones de sus superiores.
El autor intelectual del homicidio fue identificado como Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien ya fue detenido y permanece bajo prisión preventiva. Según la investigación, él coordinó la operación, emitió instrucciones para llevar a cabo el atentado y fijó el monto de dos millones de pesos para quien realizara el ataque. Durante la audiencia se presentaron conversaciones y dispositivos que muestran cómo daba órdenes a su grupo.
Las indagatorias también señalan la participación de Ramón Álvarez Ayala, alias “R-1”, mando del CJNG en la región, quien habría supervisado la célula encargada del reclutamiento, entrenamiento y movilización de los jóvenes. Se confirmó que los adolescentes fueron entrenados en una finca de Tiamba, Michoacán, donde aprendieron manejo de armas.
La Fiscalía detalló además que al menos una persona cercana al alcalde colaboró con los agresores al proporcionar información sobre sus movimientos. Asimismo, siete escoltas de Carlos Manzo fueron detenidos y vinculados a proceso por homicidio calificado por omisión, al considerar que fallaron en su deber de protección o pudieron haber actuado con complicidad.
El operativo determinó que el atacante logró ingresar al evento público debido a fallas en la coordinación de seguridad. Aunque los escoltas respondieron con disparos, también son investigados por su posible participación en las omisiones que permitieron que el homicida se acercara al edil.
