El Congreso de Morelos aprobó por unanimidad dos nuevas leyes que sustituirán a los marcos normativos considerados ya rebasados en materia de transporte y turismo en la entidad. Durante la sesión ordinaria de este jueves, las y los diputados dieron luz verde a la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del Estado de Morelos, así como a la nueva Ley de Turismo.
La Ley de Movilidad, impulsada por iniciativa de la gobernadora Margarita González Saravia, deja sin vigencia la antigua Ley de Transporte del Estado y plantea un esquema actualizado para ordenar el sistema concesionado, garantizar desplazamientos seguros y eficientes, y modernizar el modelo de movilidad. Su propósito central es llevar a la entidad hacia una etapa que priorice seguridad, sostenibilidad y certeza para usuarios y operadores.
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En la misma sesión, el Pleno avaló la nueva Ley de Turismo, resultado del trabajo conjunto entre el Legislativo y el Poder Ejecutivo, además de consultas con sectores productivos, prestadores de servicios, ayuntamientos, académicos y comunidades vinculadas a la actividad turística.
La legislación reconoce 18 segmentos turísticos; crea herramientas de planeación como las Zonas de Desarrollo Turístico; incorpora la operación de plataformas digitales; refuerza la coordinación con municipios; integra el turismo comunitario y social; y establece nuevas figuras institucionales como el Consejo Estatal de Turismo, el Observatorio Turístico Sostenible y la Policía Turística.
Además, el Congreso aprobó prorrogar por 20 años el título de concesión otorgado originalmente durante el gobierno de Sergio Estrada Cajigal a la empresa Región Central de Autopistas S.A. de C.V., para operar, conservar y mantener el tramo Huazulco–Jantetelco de la autopista Siglo XXI.
Finalmente, las y los legisladores avalaron modificar la fracción IV del artículo 36 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. La reforma reduce de diez a cinco años la antigüedad mínima del título profesional requerida para ocupar el cargo de secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, con el fin de eliminar una barrera considerada desproporcionada y que impedía la participación de perfiles jóvenes con capacidad técnica.
