CUERNAVACA, MOR.— La actual Ley del Notariado de Morelos, aprobada en 2018 durante el gobierno de Graco Ramírez, mantiene un esquema de impunidad total para los notarios públicos, denunció el abogado penalista Cipriano Sotelo Salgado, quien afirmó que el marco jurídico vigente protege a los fedatarios incluso frente a actos ilegales cometidos durante el ejercicio de su función.
“En esa ley, que aún sigue vigente, el Notario goza de impunidad total. Ni siquiera el gobernador del estado en turno puede separarlos del cargo de manera provisional ante ilegalidades cometidas en su encargo”, escribió Sotelo en un artículo publicado en sus redes sociales.
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El jurista explicó que la ley permite que cualquier queja contra un notario se tramite ante la Dirección Jurídica del Gobierno estatal, pero el proceso puede durar hasta un año, y aun así, el notario no puede ser suspendido mientras se resuelve.
“Aunque sea evidente la falta, el Notario no podrá ser separado del cargo como medida provisional. Solo hasta que se dicte sentencia definitiva en su contra podría perder la notaría”, puntualizó.
“Los notarios tardan años en ser sancionados”
Según Sotelo, incluso cuando el gobierno estatal determina sancionar a un notario, el procedimiento puede extenderse hasta cuatro años debido a las instancias legales disponibles para impugnar las resoluciones.
“Haciendo cuentas, para cuando quede firme la sentencia sancionadora, probablemente el gobernador que aprobó la destitución del Notario sea otro con intereses distintos al anterior, quedando entonces impune el fedatario público”, expuso.
Caso Uriel Carmona, ejemplo de abuso legal
El abogado recordó que Graco Ramírez otorgó permiso por nueve años al hoy exfiscal Uriel Carmona para separarse de la notaría número 6 de Cuernavaca, lo que calificó como un uso indebido de las facultades que la propia ley concede.
“Esto fue exactamente lo que hizo Graco Ramírez con Uriel Carmona: le autorizó permiso por nueve años para separarse de la notaría… aunque ya no es servidor público, su licencia se prolongó hasta el 15 de febrero de 2027”, señaló.
Más poder que los jueces
Sotelo también alertó que los notarios tienen facultades tecnológicas y operativas más ágiles que los jueces para asegurar bienes inmuebles mediante “avisos preventivos”, lo cual —dijo— genera ventajas indebidas.
“Mientras que un notario puede ordenar el aseguramiento de un inmueble en minutos, un juez lo hace por oficio y puede tardar semanas o meses, lo que permite que el notario le gane al juez en tiempo”, advirtió.
El abogado consideró que esta situación ha permitido maniobras irregulares vinculadas a delincuentes de cuello blanco, y acusó que las autoridades “saben quiénes son esos notarios, pero nadie hace nada al respecto”.
Llamado a reformar la ley
Finalmente, Cipriano Sotelo llamó al Congreso del Estado y a la gobernadora Margarita González Saravia a promover una reforma urgente a la Ley del Notariado que elimine los mecanismos de protección y obligue a los notarios a consultar al Poder Judicial antes de registrar avisos preventivos.
“Debe cerrarse la puerta a la impunidad total del fedatario, que a lo largo de ocho años persiste en Morelos. Me consta que hay notarios honorables, pero también hay bandidos”, concluyó.
