La iniciativa de reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum fue rechazada en el pleno de la Cámara de Diputados al no reunir la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución.
Con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, el dictamen quedó desechado al no alcanzar las dos terceras partes de los sufragios necesarias para su aprobación.
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El proyecto únicamente fue respaldado por la bancada de Morena, 12 legisladores del Partido Verde y un diputado del Partido del Trabajo. En contraste, las fracciones del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, así como legisladores del PVEM, PT y tres morenistas votaron en contra del paquete de cambios constitucionales.
Tras la votación, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, adelantó que su grupo parlamentario impulsará un nuevo intento de modificación electoral a través de lo que denominó un “Plan B”.
El legislador sostuvo que su bancada ya contemplaba la posibilidad de que la reforma fuera rechazada y que, una vez confirmada la votación, iniciarán la construcción de una alternativa legislativa.
Durante la discusión, los coordinadores del Partido Verde y del Partido del Trabajo fijaron posturas críticas frente al proyecto, aunque reiteraron su respaldo político a la presidenta.
Carlos Puente, líder del PVEM en la Cámara de Diputados, explicó desde tribuna que su bancada votaría en contra al considerar que una reforma electoral requiere consenso entre las distintas fuerzas políticas para otorgarle legitimidad a las reglas que rigen el acceso al poder público.
Por su parte, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, expresó que la propuesta podría abrir el camino hacia la conformación de un partido hegemónico en el país, si no se revisan cuidadosamente sus implicaciones.
Desde la oposición, el coordinador de los diputados del PAN, José Elías Lixa, celebró que la reforma no prosperara y afirmó que cambios de esta magnitud deben discutirse mediante un diálogo plural entre todas las fuerzas políticas.
También cuestionó la posibilidad de que Morena impulse un “Plan B” mediante reformas a leyes secundarias para introducir modificaciones que no lograron aprobarse en la Constitución.
En representación del PRI, Rubén Moreira rechazó la iniciativa al señalar que, a su juicio, implicaría un avance hacia el autoritarismo. Mientras tanto, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, pidió discutir una propuesta alternativa que permita fortalecer la democracia y reducir el gasto electoral.
El dictamen rechazado contemplaba reformas a once artículos de la Constitución. Entre sus principales planteamientos figuraba una reducción de 25 por ciento al financiamiento público de los partidos políticos, lo que representaría cerca de dos mil millones de pesos menos, sin modificar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral ni de los organismos públicos locales electorales.
También proponía ajustar las remuneraciones de funcionarios del INE, tribunales electorales y organismos locales para que ninguno percibiera ingresos superiores a los de la presidenta de la República.
El proyecto planteaba reducir el Senado de 128 a 96 integrantes, eliminando los 32 escaños de representación proporcional.
En el caso de la Cámara de Diputados, se mantenía el total de 500 legisladores: 300 elegidos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Sin embargo, de estos últimos, cien se asignarían a los segundos lugares con mayor porcentaje de votación en sus distritos, mientras que los otros cien se elegirían mediante listas regionales presentadas por los partidos en cinco circunscripciones.
Las listas incluirían además a mexicanos residentes en el extranjero para garantizar representación en el Congreso.
La iniciativa también planteaba reducir de 48 a 35 minutos diarios el tiempo destinado en radio y televisión para mensajes del INE y de los partidos políticos durante el periodo que va desde el inicio de las precampañas hasta la jornada electoral.
Asimismo, se establecía de manera explícita la prohibición para que partidos, precandidatos, candidatos o candidaturas independientes financien sus actividades con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas.
