CUERNAVACA, MOR.- En Morelos, es necesario reformar el sistema de justicia para garantizar su aplicación en todos los casos, especialmente en los relacionados con actos de corrupción, señala Roberto Salinas, director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas.
Salinas expresó dudas sobre la certeza de que se haga justicia en las denuncias presentadas por la administración de Margarita González Saravia contra el gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, respecto al presunto desvío de 40 millones de pesos en las obras del mercado Adolfo López Mateos y el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (Filateq).
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«Es necesario esperar y, sobre todo, es fundamental que Morelos modifique su sistema de justicia, especialmente en casos de corrupción. Los modelos actuales no han funcionado en los últimos años y es imprescindible que sean más eficientes, transparentes y profesionales. De lo contrario, cada administración repetirá los mismos problemas», señala.
En entrevista Salinas sostuvo que Morelos enfrenta altos niveles de impunidad y carece de un mecanismo eficiente para la presentación y seguimiento de denuncias.
«No hay certeza de que realmente se logre justicia. En Morelos, la impunidad es recurrente y cada cambio de gobierno trae consigo denuncias similares. Esto evidencia la falta de un mecanismo efectivo para presentar denuncias y darles seguimiento», menciona.
Como ejemplo, citó las más de 60 denuncias interpuestas por la administración de Blanco Bravo contra su antecesor, Graco Ramírez Garrido-Abreu, de las cuales solo una ha tenido consecuencias.
Durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, se realizaron diversas acusaciones contra Graco Ramírez y su gabinete. Algunos exfuncionarios fueron imputados o vinculados a proceso, pero, según Salinas, «sin que realmente se haga justicia».
En tanto, la Coordinación de Movilidad y Transporte investiga presuntas anomalías en la gestión anterior y evalúa la posibilidad de presentar denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
El presunto desvío de 40 millones de pesos es solo una parte de los recursos observados. Según la Auditoría Superior de Fiscalización, existen 3 mil millones de pesos adicionales sin solventar en las cuentas públicas. También se detectó la entrega de apoyos del Sistema DIF estatal a 272 personas registradas como fallecidas, lo que implicaría la reintegración de cerca de 550 mil pesos.
Además, Morelos figura entre los 19 estados señalados por la ASF por pagos indebidos a docentes registrados como fallecidos.
«Esperaremos para ver si realmente se hace justicia o si se confirma que Morelos sigue siendo un estado donde prevalece la impunidad», concluye Salinas.
