CIUDAD DE MEXICO (Milton Merlo / LPO).- La prensa estadounidense ha revelado en las últimas horas que Donald Trump pretende ubicar 15 mil soldados en la frontera con México. Se trata de un movimiento elemental para lograr las metas de deportación que su administración pretende: el corolario de las ordenes ejecutivas es que cada persona que sea arrestada queriendo ingresar a Estados Unidos sea capturada y deportada hacia México en el acto, sin que medie instancia judicial o proceso alguno.
La militarización de la frontera además dispone el escenario para una intervención más allá de esos limites y que tiene que ver con la designación de los cárteles como organizaciones terroristas. El secretario de Estado Marco Rubio ya le avisó al Gobierno mexicano que la semana que viene espera tener identificadas con exactitud cuáles serán las organizaciones mexicanas que serán consideradas enemigas del estado estadounidense.
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El secretario de Seguridad, probablemente el hombre más determinante del actual Gobierno, tiene por delante una labor contrarreloj: reforzar el estado de Derecho en México para que Trump no desate una turbulencia económica mediante la imposición de aranceles. Se trata de un reto mayúsculo, especialmente por las contingencias internas: reforzar las fronteras y las aduanas, incremental los controles en aeropuertos, acelerar los decomisos de fentanilo y, lo que se espera un Washington, lograr un arresto de gran magnitud, ya de un capo de la droga o de un político involucrado en el trasiego.
El recorrido que inicia García Harfuch además tiene costos al interior del morenismo, donde el imperio de la ley es una cuestión irritante: hace dos semanas la encuestadora Rubrum, muy ligada a Marcelo Ebrard y que suele trabajar con votantes allegados a la 4T, detectó que en general los electores avalan el rumbo del Gobierno pero que están disconformes con la estrategia de seguridad respecto al crimen organizado. La ley, ya desde los inicios del movimiento con Andrés Manuel López Obrador, siempre fue algo lateral y neoliberal pero ahora, Trump, viene a colocarla en el centro de la relación bilateral. Este giro es un desafío para todo el aparato de seguridad, pero también para el sentido político del Gobierno que recién comienza.
Una de las tantas escaramuzas en curso y que podrían ir en ascenso si el Gobierno acepta, como ya se desliza en ciertas conversaciones, dar marcha atrás con la Ley de Seguridad que impulsó López Obrador y que obliga a los agentes de inteligencia extranjeros a reportar todos sus movimientos en México. Esa norma fue la represalia al arresto del general Salvador Cienfuegos, quien tenía fuerte predicamento sobre altos oficiales del sexenio anterior.
El esfuerzo y los costos políticos justifican, en la óptica presidencial, evitar los aranceles en una economía que ya en su propia dinámica ofrece indicios de una recesión. Esta semana varios empresarios mexicanos recorrieron oficinas y hoteles en Washington y la idea general que llega a la Ciudad de México es que Trump no aplicará aranceles del 25% pero que sí habrá nuevos impuestos al comercio bilateral: o bien aranceles menores (6-7%), o bien focalizados (cervezas, tequilas, algunas autopartes) o, en un plano de mayor alcance, solo aplicados a productos y bienes con componentes chinos.
«Lo bueno para ustedes es que está todo muy claro, la ruta es muy precisa, ahora no hay más que cumplirla», le dijo el fin de semana a un grupo de políticos mexicanos que llegaron hasta DC el próximo embajador de Trump en Ciudad de México, Ron Johnson.
