La titular de la Corte Suprema, Norma Piña, vive su momento de mayor vulnerabilidad en el máximo tribunal. Ese grupo compacto de ministros que hasta hace pocos meses la acompañaba en su cruzada contra Andrés Manuel López Obrador ahora flaquea y le echa la culpa de una estrategia política desastrosa.
En la Corte ya se ha cristalizado la idea de que aún con una reforma judicial descafeinada, todos los ministros perderán sus asientos. Sería uno de acuerdos del futuro gobierno con los poderes facticos: una reforma que no estrelle la economía a cambio de una renovación de la Corte.
Piña está al tanto de este curso de los acontecimientos. Ha recibido quejas de magistrados de todo el país que la han responsabilizado de llevar adelante una guerra contra un gobierno hegemónico y que ahora amenazada a todo el Poder Judicial.
Desde la presidencia de la Corte se intentaron viralizar la escenas de Piña esta semana siendo felicitada por empleados judiciales (como si hubiera otra posibilidad), y sus allegados comparten los anuncios de una marcha de estudiantes de Derecho que buscan respaldar al Poder Judicial. Pero el gran problema de Piña es interno.
Según pudo conocer esta redacción, ministros enfrentados con el oficialismo como Margarita Ríos-Farjat, Jorge Pardo o Juan Luis González Alcántara por estas horas ya dan como inevitable su salida del máximo tribunal, una vez avanzada la reforma, y cargan contra Piña. El ministro González Alcántara incluso la desmintió esta semana respecto a los alcances de la Corte en materia electoral.
La titular de la Corte ha reconocido en privado que su confrontación con López Obrador pudo haber sido mal planificada pero no duda en señalar a ciertos hombres de negocios que, desde inicios del año pasado, la impulsaban a «defender el Estado de Derecho». Piña menciona, entre varios nombres, a Carlos Slim y a Carlos Hank González, titular de Banorte y otros negocios.
Es entendible. El primero, por múltiples cuestiones regulatorias, tiene desde siempre una estrecha llegada a la Corte y también a Piña, esto en parte gracias al exsenador Emilio Gamboa que fue quien llevó a Piña a la Corte en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Hank González es dueño de una serie de intereses empresariales que son indisociables del régimen del PRI en el Edomex durante buena parte del siglo XX. A pesar de su cabildeo constante en favor del gobierno, también ha tenido acceso a la ministra y ahora atraviesa un momento complejo porque el impacto primario de la reforma que se discute es netamente financiero.
Son solo dos ejemplos aislados entre varios ejecutivos que, según la propia Piña, la lanzaron contra el Gobierno a lo largo del 2023, especialmente entre el primer trimestre, cuando la Corte se pronunciaba contra el plan del oficialismo de que la Sedena controle la Guardia Nacional, y agosto, cuando Xóchitl Gálvez tuvo su momentum en el círculo rojo y allí se cultivaba la fantasía de que la oposición era competitiva.
