Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado informaron que aún no hay fecha para iniciar la discusión del llamado Plan B en materia electoral, debido a que continúa el análisis del proyecto y la recepción de observaciones enviadas por gobernadores y consejeros del INE.
En paralelo, declaraciones recientes de dirigentes del Partido del Trabajo anticipan un escenario adverso para la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego del rechazo previo del denominado Plan A en la Cámara de Diputados.
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El legislador y líder petista Benjamín Robles Montoya señaló que su partido no acompañará la iniciativa en sus términos actuales, al considerar que contiene disposiciones inequitativas para las fuerzas políticas, incluidas aquellas que integran la llamada Cuarta Transformación.
Versiones al interior del gobierno federal apuntan a que el distanciamiento del PT podría extenderse también al Partido Verde, en medio de un posible reacomodo político que daría paso a un bloque independiente entre el oficialismo y la oposición tradicional.
De acuerdo con fuentes federales consultadas, existe preocupación en Palacio Nacional ante la posibilidad de que ambas fuerzas busquen mayor autonomía frente a Morena, lo que implicaría redefinir los equilibrios dentro del Congreso.
Aunque dirigentes del PT y del Verde suscribieron el documento del Plan B junto con la dirigencia de Morena, no hay certeza de que sus bancadas respalden la iniciativa en una eventual votación.
En este contexto, algunos legisladores plantean que, en caso de una ruptura, estas fuerzas podrían explorar alianzas con Movimiento Ciudadano para conformar un bloque alterno que funcione como contrapeso político, desplazando a partidos como PAN y PRI.
Por otro lado, en el Ejecutivo federal se mantiene la intención de impulsar la revocación de mandato en 2027, bajo el argumento de que la inclusión del nombre presidencial en la boleta podría incidir en el posicionamiento electoral de Morena frente a otras fuerzas.
Hasta ahora, no existe una definición clara sobre los tiempos ni el respaldo legislativo suficiente para avanzar con la reforma electoral propuesta.
