La diputada Nayla Carolina Ruiz Rodríguez presentó ante el pleno del Congreso del estado una iniciativa para reformar el artículo 12 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Morelos, con el objetivo de reforzar la protección de los derechos de las personas migrantes y evitar actos de exclusión derivados de su situación documental.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora señaló que en la entidad diversas personas migrantes enfrentan episodios de discriminación, abuso o estigmatización vinculados con su origen, idioma, apariencia o condición migratoria, lo que en algunos casos les dificulta acceder a servicios básicos como atención médica, educación o acceso a la justicia.
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La propuesta establece que la falta de documentos de identidad o una situación migratoria irregular no pueda ser utilizada como argumento para negar derechos, servicios o protección institucional, ya sea por parte de autoridades o de particulares.
Ruiz Rodríguez indicó que la reforma también busca reforzar la responsabilidad del Estado para impulsar políticas, programas y acciones que permitan la integración y protección de las personas migrantes mientras permanezcan en territorio morelense, con el fin de evitar que sean víctimas de abusos o prácticas discriminatorias.
La diputada explicó que Morelos se ha convertido en un punto de tránsito y destino para personas provenientes de otras entidades y de distintos países, además de que actualmente numerosos morelenses regresan al estado después de haber vivido en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, lo que hace necesario garantizar condiciones de respeto e inclusión.
Advirtió que la falta de una protección clara puede generar que muchas personas migrantes vivan con temor constante, lo que incluso provoca que eviten denunciar delitos como robos o agresiones por miedo a enfrentar sanciones o extorsiones derivadas de su situación migratoria.
Finalmente, la legisladora señaló que la iniciativa busca contribuir a que en Morelos se garantice un trato digno y el acceso efectivo a los derechos de todas las personas, independientemente de su origen o condición migratoria.
