CIUDAD DE MEXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por un presunto delito de peculado relacionado con el desvío de cinco millones de pesos. En la audiencia inicial, un juez federal determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Durante la diligencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, el fiscal Julio Antonio Cobos Castillo expuso ante el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor que Duarte firmó un decreto publicado en la Gaceta Oficial de Veracruz el 19 de diciembre de 2011, mediante el cual se ordenó la distribución de recursos de libre aplicación, mezclando fondos federales y estatales con fines distintos a los autorizados.
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Según la acusación, la Tesorería de la Federación transfirió 10 millones de pesos al gobierno estatal para un fondo destinado a personas en situación vulnerable, incluidos niños y adultos mayores. Los recursos debían canalizarse a la Casa del Niño “Manuel Gutiérrez Zamora” y a la Casa del Adulto Mayor “Mariana Zagayo”, ambas en Xalapa.
El fiscal explicó que el origen de los fondos fue un convenio entre la Secretaría de Salud (SSA) y el gobierno de Veracruz. Posteriormente, el 2 de julio de 2012, se firmó un segundo acuerdo entre la SSA y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) estatal.
Los 10 millones fueron depositados en una cuenta del gobierno veracruzano en el banco Santander, mientras que Sefiplan abrió otra cuenta en HSBC. De acuerdo con la FGR, Duarte instruyó al entonces secretario de Finanzas, Tomás Ruiz González, para utilizar los recursos en otros rubros.
El 3 de octubre de 2012, la cuenta receptora transfirió 9 millones 500 mil pesos a una cuenta concentradora en BBVA. Después, esa cuenta envió el mismo monto, más 10 mil pesos adicionales, nuevamente a la cuenta receptora. Posteriormente, se realizaron transferencias por cinco millones de pesos que regresaron a la cuenta concentradora el 8 de octubre.
La Fiscalía sostuvo que los recursos federales fueron mezclados con estatales para cubrir nómina, pensiones y pagos a proveedores. Además, señaló que la cuenta concentradora fue cancelada en 2014 y que cinco millones de pesos no fueron reintegrados.
La defensa rechaza responsabilidad
Al hacer uso de la palabra, Duarte afirmó que no ocupó el cargo de secretario de Finanzas, sino el de gobernador, y cuestionó la imputación en su contra. Posteriormente reconoció que instruyó priorizar recursos de libre aplicación, pero sostuvo que se trataba de fondos estatales y no federales, destinados a educación, salud, seguridad pública y pago de jubilaciones. Negó que existan indicios de desvío de recursos federales.
La FGR presentó 38 datos de prueba, entre ellos la declaración de Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero y ex subsecretario de Finanzas, quien funge como testigo protegido desde hace siete años. Su testimonio fue considerado relevante en procesos anteriores contra el ex mandatario.
El fiscal indicó que el 11 de febrero de 2025 se realizó una nueva entrevista al testigo, quien declaró que los recursos federales y estatales se mezclaban y que parte del dinero también se destinaba a pagos a medios de comunicación. Según su dicho, en reuniones de funcionarios estatales se utilizaba la expresión: “Barriendo las cuentas, ¿cuánto hace falta para pagar recursos?”.
Debate sobre extradición
Antes de la imputación, la defensa intentó frenar la audiencia argumentando que no se cumplían los requisitos del Tratado de Extradición entre México y Guatemala, debido a que uno de los tribunales guatemaltecos no autorizó su entrega por el delito de peculado.
El abogado Diego Uriza señaló que el Tribunal Quinto de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que concedió la extradición en 2017, no se pronunció sobre esta nueva causa, a diferencia del Tribunal Tercero en la misma materia. No obstante, el juez consideró válidos los argumentos de la FGR y mantuvo la audiencia.
La situación jurídica del ex gobernador se definirá el martes 17 de febrero, luego de que solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para presentar sus argumentos.
