CIUDAD DE MEXICO.- Las señales de inquietud se han intensificado en el entorno político del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante versiones que apuntan a una eventual entrega de funcionarios mexicanos a autoridades de Estados Unidos, como parte de las presiones que la Casa Blanca mantiene contra el gobierno federal.
En Palacio Nacional, de acuerdo con estas versiones, existe una preocupación creciente por la exigencia del gobierno estadounidense de actuar contra políticos en funciones presuntamente vinculados con el crimen organizado. Esta tensión se habría profundizado tras el reciente operativo en Caracas y las declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que los cárteles “están gobernando México” y advirtió que Washington “tendrá que hacer algo” frente a esa situación.
Los desmentidos públicos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la existencia de solicitudes formales para arrestar y enviar a políticos mexicanos a tribunales estadounidenses no habrían disipado la inquietud. En círculos políticos se habla de una lista amplia de nombres y de distintos niveles de gobierno, desde alcaldes y legisladores hasta posibles mandatarios estatales, que podrían ser requeridos por autoridades norteamericanas.
Estas versiones habrían cobrado especial fuerza en Culiacán, donde integrantes del círculo cercano de Rocha Moya refieren que el tiempo corre ante la posibilidad de un acuerdo entre el Gabinete de Seguridad federal y la Casa Blanca. En ese escenario, figuras vinculadas a Morena serían las primeras en ser solicitadas por el Departamento de Estado, según señalan fuentes citadas por LPO.
El contexto se complica con el proceso judicial de Ismael “El Mayo” Zambada, quien tras declararse culpable por cargos de narcotráfico en agosto pasado, espera sentencia en una corte de Nueva York. La audiencia programada para el 13 de abril podría revelar si existe una colaboración con las autoridades estadounidenses, lo que incrementa las especulaciones sobre posibles señalamientos contra actores políticos en México.
Dentro del gobierno sinaloense, se percibe que esta situación ha colocado al mandatario estatal en una posición delicada. Fuentes del gabinete local señalan que el gobernador se ha mostrado más reservado en semanas recientes y que su actitud se habría acentuado tras los acontecimientos internacionales relacionados con Venezuela.
A ello se suma la crisis de gobernabilidad que enfrenta Sinaloa. En días recientes, Rocha Moya sostuvo un enfrentamiento público con la Coparmex por las cifras de robo de vehículos. Mientras la confederación empresarial alertó sobre un repunte del delito, el gobernador rechazó esa versión y aseguró que los registros oficiales muestran una tendencia estable y a la baja.
En declaraciones públicas, el mandatario sostuvo que las cifras no respaldan un incremento y acusó a la organización empresarial de exagerar el problema, al tiempo que defendió la información diaria que, según dijo, mantiene su administración.
