Por Carolina Ruiz Rodríguez*
Migrar es una actividad inherente a la historia de la humanidad. A lo largo del tiempo, mujeres y hombres han transitado por diversos territorios en busca de mejores condiciones de vida, seguridad, libertad o simplemente un futuro digno para sus familias.
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En la actualidad, la migración está reconocida como un derecho humano fundamental, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 13, que consagra el derecho de toda persona a circular libremente, elegir su residencia dentro de un Estado y salir de cualquier país, incluido el propio, así como regresar a él.
Sin embargo, nunca como ahora, los países considerados «destino» han blindado sus fronteras e implementado políticas migratorias restrictivas, cuando no francamente persecutorias, que violan derechos fundamentales y criminalizan a quienes ejercen su derecho a migrar.
La migración es un fenómeno social natural. No es un delito. Las causas que la motivan son múltiples: pobreza, violencia, desastres naturales, reunificación familiar, oportunidades laborales o educativas, entre muchas otras. Migrar no debería ser motivo de persecución ni de estigmatización.
Incluso aquellas personas que se encuentran en situación migratoria irregular —los comúnmente llamados “sin papeles”— conservan su calidad de sujetos de derechos, por la sola razón de ser personas. Bajo ninguna circunstancia deben ser tratados como delincuentes, porque la migración no es, ni debe ser considerada, una conducta criminal.
Por ello, resulta profundamente ofensiva la reanudación de redadas migratorias en diversas ciudades de los Estados Unidos, especialmente cuando se realizan pese a restricciones judiciales que prohíben a los agentes detener a personas sin una causa razonable.
Más grave aún es la forma en que se ejecutan estos operativos.
Uno de los ejemplos más indignantes es la denominada «Operación Caballo de Troya», llevada a cabo el pasado 6 de agosto en la ciudad de Los Ángeles, donde agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se ocultaron dentro de un camión de mudanzas estacionado frente a una tienda departamental en el barrio de Westlake, a escasas cuadras del parque MacArthur. Allí esperaron la llegada de migrantes y, en cuanto los identificaron, salieron a detenerlos. En total, 16 personas fueron privadas de su libertad.
Lo más alarmante de este operativo es que fue grabado desde dentro del camión y todo el despliegue de agentes federales, por un reportero de una cadena televisiva afín al gobierno del presidente Donald Trump. El video fue difundido en redes sociales por funcionarios del propio gobierno federal estadounidense, convirtiendo una acción que vulnera derechos humanos en un grotesco espectáculo mediático, una puesta en escena donde se celebra la barbarie y se lucra con el sufrimiento ajeno.
En eso se ha convertido la aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos: en un espectáculo ruin, donde se aplaude la violencia institucional, se pisotean derechos, se destruyen sueños, se ignora el aporte invaluable de la mano de obra migrante y se atenta contra los principios que ese mismo país presume defender.
Desde el Honorable Congreso del Estado de Morelos, alzamos la voz para condenar enérgicamente estas redadas masivas, expresar nuestro total rechazo al Operativo “Caballo de Troya” y solidarizarnos con todas las personas migrantes, especialmente nuestros connacionales, independientemente de su estatus migratorio.
Reiteramos que el camino a seguir con las y los migrantes es el de la inclusión, el respeto y la dignidad. Es necesario impulsar políticas de regularización, no de persecución; ofrecer alternativas legales y humanas, no fomentar la deportación arbitraria. La justicia, la empatía y el respeto a los derechos humanos deben prevalecer por encima de cualquier agenda política o electoral.
Migrar es un derecho. No un crimen.
* Presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes en el H Congreso del Estado de Morelos
