CIUDAD DE MÉXICO.- La investigación federal que derivó en la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se extenderá contra más personas presuntamente vinculadas con una de las mayores redes de contrabando de combustible detectadas en el país, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Un día después de la captura del exmandatario panista, el funcionario federal confirmó que existen ocho órdenes de aprehensión y que la Fiscalía General de la República prepara nuevos mandamientos judiciales, mientras mantiene bajo investigación a 25 personas relacionadas con la estructura financiera, aduanal y operativa del grupo.
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La red investigada habría utilizado al menos 17 empresas para importar combustible desde Estados Unidos, declararlo ante las aduanas como otro tipo de producto o reportar cantidades menores, con el propósito de evadir el pago de impuestos. Las indagatorias alcanzan a operadores y agentes aduanales de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro y la Ciudad de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención de Ruffo tenga motivaciones políticas y aseguró que la orden de aprehensión fue autorizada por un juez con base en los elementos presentados por la Fiscalía. Añadió que corresponderá al Poder Judicial valorar las pruebas y actuar con imparcialidad si el exgobernador demuestra que no participó en las operaciones investigadas.
Ruffo Appel fue detenido este jueves 16 de julio en Ensenada por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. También fue capturado Ricardo Thompson Navarro, socio de la empresa Ingemar, compañía vinculada con el aseguramiento de aproximadamente 15.5 millones de litros de combustible y 129 autotanques realizado en Coahuila durante julio de 2025.
El exgobernador ha reconocido que era accionista minoritario de Ingemar, aunque sostiene que la empresa únicamente realizaba trámites de importación y que correspondía a las autoridades aduanales verificar la documentación y el contenido de los cargamentos. El PAN expresó su respaldo al exmandatario y acusó una aplicación selectiva de la justicia, señalamiento rechazado por el gobierno federal.
