ALLIGATOR ALCATRAZ
Por Carolina Ruiz Rodríguez*
En junio de este año se anunció la entrada en operación de varios centros de detención para inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos.
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Uno de ellos fue el llamado “Alligator Alcatraz”, conocido también como el “Alcatraz de los Caimanes”, ubicado en el estado de Florida, en el terreno donde funcionaba el aeropuerto Dade-Collier, prácticamente abandonado. En una extensión de alrededor de 78 kilómetros cuadrados, se levantó una instalación con capacidad para albergar hasta cinco mil camas, destinadas principalmente a inmigrantes con antecedentes penales.
La apertura de este centro causó una gran controversia por varias razones: la evidente violación a los derechos humanos de las personas migrantes, las dudas sobre la legalidad de su operación y, sobre todo, la elección de un espacio hostil, inaccesible, pantanoso y rodeado de caimanes y serpientes.
Analistas y activistas pro migrantes denunciaron además el aislamiento extremo y el terror psicológico al que se sometería a quienes fueran recluidos en ese sitio.
La polémica creció aún más tras la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el pasado 30 de junio recorrió las instalaciones de Alligator Alcatraz, convirtiendo lo que ya era motivo de indignación en un grotesco espectáculo que dejaba claro lo que esperaba a los migrantes que fueran trasladados a este lugar.
El anuncio y posterior entrada en operación de este centro, a principios del mes de julio, forman parte de la estrategia de miedo, criminalización y agresión directa contra los migrantes, especialmente los de origen latino. Como era de esperarse, los abusos y violaciones a los derechos humanos no tardaron en ocurrir.
Un caso que tuvo gran repercusión fue el del mexicano Carlos Martín González Meza, quien, a pesar de tener una visa de turista vigente, fue detenido en Estados Unidos por una supuesta infracción de tránsito. Peor aún, su hermano, Óscar Alejandro, acudió a auxiliarlo con la documentación del vehículo para aclarar la situación y también fue arrestado. Ambos fueron finalmente trasladados a Alligator Alcatraz, cuando entró en funciones.
La detención de los hermanos González Meza motivó el envío de una nota diplomática del gobierno mexicano a la administración estadounidense y la apertura y operación de este centro de detención, fue rechazada en varias conferencias matutinas por la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con reportes periodísticos, hasta el 20 de agosto había 336 migrantes recluidos en Alligator Alcatraz. El cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón, informó que 78 de ellos son mexicanos, la mayoría detenidos por faltas menores de tránsito.
Lo más absurdo del caso es que, pese a las múltiples denuncias de organizaciones defensoras de migrantes, el cierre de este centro no se ordenó por las violaciones a los derechos humanos, sino por motivos ambientales. Este pasado 21 de agosto, la jueza federal Kathleen Williams ordenó la clausura de las operaciones de Alligator Alcatraz tras una demanda presentada por grupos ambientalistas.
La jueza prohibió nuevas construcciones, la instalación de equipo industrial y el uso de generadores, gas o desechos que afectaran la zona, ordenando su retiro en un plazo de 60 días. El centro de detención se ubica muy cerca de la Reserva Nacional del Gran Ciprés, hogar de especies en peligro de extinción como la pantera de Florida, el murciélago bonetero y una cigüeña endémica de la región.
En otras palabras, los animales y el medio ambiente estuvieron por encima de los migrantes. La naturaleza fue defendida; las personas, no. La preservación del entorno natural fue lo que realmente logró frenar la operación de este centro de detención.
Así queda claro que la política antiinmigrante en Estados Unidos tiene más fines políticos y electorales que de respeto a la ley. En este discurso de odio impulsado desde el poder, no importa si alguien es migrante legal o ilegal: para ellos, todos son criminales y una amenaza para su país.
* Presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes en el H. Congreso del Estado de Morelos.
